Regulación28 de julio de 2026

Plazo MiCA hoy: los requisitos de conocimiento del personal cripto pasan a ser vinculantes

Desde el 28 de julio de 2026, las directrices de ESMA sobre conocimientos y competencia del personal son jurídicamente vinculantes para los 280 CASP autorizados. Diez horas anuales de formación para quien informa, veinte para quien asesora, y un expediente por empleado que la autoridad competente puede revisar.

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Qué cambia hoy

Desde hoy, 28 de julio de 2026, las directrices de ESMA sobre conocimientos y competencia del personal de los proveedores de servicios de criptoactivos son jurídicamente vinculantes. Derivan del artículo 81, apartado 7, de MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114) y se aplican a los 280 CASP con autorización en la Unión y el EEE. Hasta ayer eran recomendaciones. Desde hoy son obligaciones verificables que una autoridad competente puede exigir.

Las directrices no son nuevas. ESMA las publicó el 28 de enero de 2026 con la referencia ESMA35-24871704-2922, tras un informe final en julio de 2025 (ESMA35-1872330276-2380). El sector dispuso, por tanto, de exactamente seis meses para prepararse. La pregunta que hoy se responde es quién aprovechó realmente ese plazo.

Diez horas para informar, veinte para asesorar

El núcleo de las directrices es una división en dos niveles. El personal que se limita a informar al cliente —atención al cliente, onboarding, KYC, soporte técnico que explica cómo funciona un producto— pertenece al primer nivel y debe completar un mínimo de diez horas anuales de formación continua acreditada. Quien formula recomendaciones de inversión personalizadas o gestiona carteras pertenece al segundo nivel y debe alcanzar veinte horas al año.

La frontera no está en el cargo sino en lo que la persona dice efectivamente al cliente. Un agente de soporte que responde a «¿debería entrar ahora?» con una opinión es, a ojos de ESMA, un asesor. Muchas plataformas tendrán que revisar sus guiones y sus instrucciones internas, y no solo su presupuesto de formación.

El papeleo detrás del requisito

La formación es solo la mitad del asunto. ESMA exige un expediente por empleado: una evaluación inicial de competencias en el momento de la contratación o del cambio de función, la prueba de una formación certificada finalizada con el nombre del proveedor y la fecha, el resultado de la evaluación con la calificación obtenida, la documentación de la actualización anual y la prueba de supervisión durante los primeros meses en un puesto nuevo. Ese expediente debe estar disponible a petición de la autoridad competente.

Un detalle se subestima ampliamente: la formación debe impartirse mediante programas estructurados con una evaluación final certificada. Un curso interno montado por un departamento de cumplimiento, sin evaluación externa, no cumplirá ese criterio en muchos casos. Las plataformas que resolvieron el asunto con un módulo de e-learning casero asumen desde hoy un riesgo real.

No todos los países están listos

El 7 de julio, exactamente veintiún días antes del plazo, ESMA publicó una tabla de cumplimiento que mostraba país por país quién había adoptado ya las directrices. Francia (AMF, declaración del 26 de marzo), Alemania (BaFin), los Países Bajos (AFM), Irlanda, Italia (CONSOB) y Malta figuraban en verde. Chipre, Hungría y Letonia estaban en curso, con fecha objetivo del 30 de septiembre; Grecia apunta al 31 de diciembre y Chequia al 1 de julio de 2027. Dinamarca (Finanstilsynet) cumple parcialmente. Polonia y Rumanía constan como no conformes, en ambos casos por no haber designado autoridad competente.

El cuadro resulta incómodo. Un inversor polaco está sujeto al mismo reglamento que uno neerlandés, pero la cadena de supervisión que respalda ese reglamento aún no está completa en su país. Un día después, el 8 de julio, ESMA lanzó además una acción de supervisión común sobre resiliencia operativa digital en los servicios de custodia de los CASP, que se extiende desde el segundo semestre de 2026 hasta el primer semestre de 2027.

Multas de hasta 15 millones de euros

El artículo 111 de MiCA permite a las autoridades competentes elegir, ante un incumplimiento, entre una multa de hasta 15 millones de euros o el 12,5 % de la facturación anual, aplicándose la cifra más alta. A ello se suman la suspensión temporal de la autorización, la imposición de medidas correctoras con plazo o la retirada definitiva de la autorización.

Llama la atención el silencio de los grandes nombres. Kraken, Bitvavo, Coinbase EU, OKX y Bybit EU no habían emitido ninguna declaración pública sobre este plazo a mediados de julio. Puede significar que ya está resuelto internamente y no hay nada que anunciar. También puede significar que se prefiere no decir nada.

Qué significa para ti

Como usuario notarás poco a corto plazo, y ese es precisamente el objetivo: las buenas normas son invisibles. A más largo plazo hay dos efectos que conviene vigilar. El primero es que la calidad de la atención al cliente en las plataformas autorizadas debería mejorar, y que ante una respuesta concreta a una pregunta concreta podrás esperar que la persona al otro lado haya sido evaluada.

El segundo es que el cumplimiento cuesta dinero y las plataformas pequeñas soportan peor ese coste. La ola de consolidación que vimos este mes en el mercado europeo de custodia recibe aquí un empujón adicional. Si resides en Polonia o Rumanía, conviene comprobar si tu plataforma obtuvo su autorización en otro país de la Unión y opera en el tuyo mediante pasaporte: en ese caso se aplica la supervisión de ese otro país y la cadena de control sí existe.

Fuentes: ESMA, MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114), AFM, BaFin, AMF, CONSOB, Finanstilsynet, KNF. Última comprobación: 28 de julio de 2026.

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